La Comisión Europea apoya los argumentos de REPACAR en la defensa de las PYMES y la gestión privada

Cambio de modelo de AENOR
2 febrero, 2017
REPACAR defiende y representa a sus asociados en Europa
2 febrero, 2017

La Dirección General de  Crecimiento (DC GROW) de la Comisión Europea ha publicado un estudio sobre la aplicación de las normas de contratación pública en el sector de los residuos, en el que se plantean varios puntos importantes relativos a la competencia entre el sector público y privado.

Este estudio analiza la organización de los servicios municipales de residuos, distinguiendo entre la gestión pública (por parte de las Entidades Locales) y la gestión privada delegada (realizada por las empresas mediante contratos públicos o contratos de concesión). Se centra en siete Estados Miembros entre ellos, España.

El informe concluye que “durante los años ochenta y noventa, casi todos los países de la Unión Europea subcontrataban servicios de gestión de residuos al sector privado mediante la contratación pública. Sin embargo, actualmente hay un impulso a los proceso de re-municipalización de los servicios de gestión de residuos.” Como viene apuntando REPACAR en los últimos años, con su defensa de la gestión privada de los residuos.

Así mismo identificó varias cuestiones de competencia en la forma en que las entidades del sector público llevan a cabo sus actividades en el ámbito de la gestión de residuos. Ya que estas empresas públicas pueden llegar a ofertar precios más bajos de servicios, dejando en desventaja a las empresas privadas, algo que viene advirtiendo REPACAR.

Por otra parte reveló que el mercado interior de la UE, para la recogida y el tratamiento de residuos, no funciona correctamente y que la participación transfronteriza o transregional es muy baja. Uno de los posibles obstáculos a esta participación, se relaciona con el incumplimiento de la transparencia en la publicación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, algo que señalan ocurre en nuestro país.

Además se desprende que ciertas prácticas y requisitos, como la no división de contratos en varios lotes o la exigencia de pruebas de solvencia desproporcionadamente elevadas (fianzas), ponen a las PYMES en clara desventaja y se crean obstáculos para su participación en el mercado, principalmente en el español.

Gracias a este estudio desde nuestra asociación tendremos más herramientas para poder seguir trabajando en la defensa de las PYMES que generan empleo verde y de calidad en nuestro país.

Puedes consultar el informe completo aquí: Study