Este proyecto de real decreto tiene como objeto desarrollar lo previsto en la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, en lo que hace referencia a las garantías financieras exigibles a los productores de residuos, a los gestores de residuos, incluidos los transportistas, los agentes y los negociantes, a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor y a cualquier otro sujeto, que estén obligados a su constitución, bajo la forma y condiciones establecidas en dicha ley, así como de lo previsto en la normativa específica que regula la gestión de residuos o las operaciones de tratamiento de residuos.
Desde Repacar, hemos trasladado al Ministerio nuestras propuestas para intentar mantener un contexto uniforme y que no se generen duplicidades en el establecimiento de las garantías financieras, para que las empresas de nuestro sector sean más competitivas. Estas alegaciones se han realizado de forma conjunta con nuestros compañeros de FER y el Gremi de Recuperació de Catalunya.