Estas y otras cuestiones que consideramos de vital importancia para el sector, son las que les hemos trasladado al MITERD, en su Consulta Pública sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en los aspectos relativos al establecimiento de garantías financieras y su valoración.