Por un contexto normativo único que garantice la competitividad del sector

En un mundo globalizado en el que las fronteras cada vez son más pequeñas y, más aún, en un contexto excepcional marcado por la crisis sanitaria, no podemos permitir que los desarrollos normativos, que son los que deben impulsar la riqueza económica, sean el factor que la limite. Bruselas ya ha recalcado la importancia de articular a corto plazo el cambio definitivo a un modelo económico circular real, a una economía sostenible que nos permita evolucionar como sociedad. Un cambio en el que la industria del papel y cartón recuperado juega un papel estratégico.

Entonces, ¿qué más nos hace falta? ¿Por qué los legisladores continúan fomentando la hiperregulación y un mercado interno fragmentado? En Repacar venimos señalando desde hace mucho tiempo el problema que nuestras empresas encuentran a la hora de desempeñar su actividad. Los obstáculos administrativos les restan competitividad y proyección. No obstante, cada vez que se desarrolla una nueva normativa encontramos el mismo problema: la burocracia.

Nuestras empresas, que se adaptan, que luchan, que generan riqueza y empleo verde de nuevo se dan de frente con la administración pública. Un problema generado por quien debería aportar la solución.

Por unas garantías financieras y tasas de vertido e incineración de residuos homólogas en todas las CC.AA.

En este sentido, en Repacar hemos presentado ante el Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) nuestras alegaciones en su consulta pública previa sobre la aprobación de una norma que regule los aspectos relativos al establecimiento de garantías financieras en desarrollo de la Ley de residuos y suelos contaminados.

Así, solicitamos que el establecimiento de las garantías financieras derivadas de esta norma sea homogéneo y equivalente en todas las CC.AA. Dicha armonización evitará que existan comunidades autónomas preferidas para la realización de actividades de gestión de residuos y se creen “paraísos fiscales de los residuos”, que nada aportan a la búsqueda de excelencia de nuestro sector.

Por otro lado, el pasado día 11 de enero le hicimos llegar al MITERD nuestras propuestas sobre el articulado del impuesto al vertido e incineración de residuos. En estas observaciones, desde Repacar insistimos en la importancia de que la imposición al vertido o a la incineración sea homóloga en todas las CC.AA., de este modo evitaremos traslados innecesarios de residuos cuyo destino es únicamente la eliminación, facilitándose el cumplimiento de la jerarquía en la gestión de los residuos.

Y es que nuestra actividad necesita un contexto normativo uniforme, una legislación armonizada, que facilite de forma el mejor funcionamiento de los procesos de gestión de residuos.

Lo cierto es que la hiperregulación y la burocracia son uno de nuestros enemigos primigenios. El pasado día 19 de junio, se publicó en el BOE el RD 553/2020, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, una norma en la que también hemos trabajado intensamente para conseguir aliviar las excesivas cargas burocráticas de difícil cumplimiento que presentaba. No obstante, la norma no está exenta de obstáculos administrativos y todavía seguimos trabajando activamente para mejorarla.

Pero, ¿cuáles son las causas del problema de la burocracia en España? Podemos apuntar varias. La falta de medios para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y empresas, una organización ineficiente, una lenta digitalización de la administración pública que no sigue el ritmo a un mercado competitivo – más aún en este contexto de supervivencia en el que nos encontramos – y que choca de bruces con una sociedad en la que palabras como big data, blockchain, innovación y competitividad están en boca de todos… En definitiva, empresas y ciudadanos deben luchar contra una hiperregulación que limita y entorpece su actividad.

Nuestras empresas demandan una revisión normativa que impulse la competitividad y no la sabotee

Una economía competitiva tiene entre sus características un marco normativo uniforme algo que, como podemos comprobar, no sucede en España. Y esto no lo decimos solo nosotros, los protagonistas, los que quedamos sepultados bajo el peso de los millones de palabras publicadas por el BOE cada año. El Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o incluso la Comisión Europea ya han alertado del problema de la hiperregulación en España asegurando que los “diferentes y complejos marcos regulatorios a nivel nacional, regional y local tienen un impacto negativo”.

Estatal, autonómico y local. Repetimos estas tres palabras porque aquí se encuentra una de las principales causas de la hiperregulación: la disparidad de criterios y normativas entre comunidades autónomas.

La fragmentación del mercado nos impide aprovechar la economía de escala

La deriva de las diferencias entre las normativas de las CC.AA., provoca un mercado fracturado y para hacer frente a esta situación, el BOE publicaba la Ley 20/2013 de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM). Su objetivo era hacer cumplir el principio de Mercado Único en todo el territorio, eliminando trabas burocráticas y administrativas para que las empresas españolas pudieran realizar sus operaciones con las diferentes CC.AA. sin la necesidad de cumplir una normativa diferente en función de cada una de ellas.  Su aplicación abarca a toda la actividad económica y a la libre circulación de bienes en todo nuestro territorio.

¿Qué sucede con la garantía de la unidad de mercado?

Esta ley prometía poner punto final a todas estas trabas, pero lo cierto es que ha sido ineficaz. El mercado español continúa fragmentado y, hasta el momento, los esfuerzos por solucionar esta situación han sido insuficientes.

Lo cierto es que el principio de unidad de mercado se encuentra recogido en nuestra Constitución y hasta la fecha se han puesto en marcha sin suerte diferentes medidas para hacer que se aplique. Las razones para que no consiga aplicarse son variadas y entre ellas destacamos una: requisitos discriminatorios y excesivos para los operadores (de nuevo entra en juego la burocracia).

La realidad a día de hoy es que esta fragmentación, entre otras cosas, dificulta la competencia efectiva, desincentiva la inversión, limita el crecimiento de nuestras empresas e impide aprovechar las economías de escala. 

La transformación digital ha llegado a nuestras empresas y cada vez son más las que incorporan aplicaciones y procesos ágiles en su gestión, un camino difícil en el que tratamos de ayudarles desde Repacar, un ejemplo de ello es el desarrollo de aplicaciones como Valora. Ahora necesitamos que esos esfuerzos realizados por nuestro tejido empresarial, e incluso por los propios ciudadanos cuando se ven abocados a lidiar con un mar de gestiones, también sean aplicados por la Administración.