Manuel Domínguez, director general de REPACAR, compareció el pasado día 29 de junio en el Congreso de los Diputados, ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para presentar las propuestas de enmiendas planteadas por el sector de los gestores de residuos al Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria.
Según recalcó Manuel Domínguez al inicio de su comparecencia “REPACAR junto con ANAREVI, ANGEREA, FER y GREMI DE RECUPERACIÓ DE CATALUNYA han trabajado estrechamente para consolidar nuestras observaciones al Proyecto de Ley. Por eso, hoy vengo en representación no solo de los gestores de residuos de papel y cartón, sino también de los gestores de residuos de otros flujos”.
Desde la aprobación del Proyecto de Ley en el Consejo de Ministros, Repacar junto con el resto de asociaciones, ha mantenido reuniones con los diferentes grupos parlamentarios, para dar a conocer las reivindicaciones de la industria y sus propuestas de enmiendas. Una ronda que ha hecho que Manuel Domínguez compareciera ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, donde afirmó que este es “un Proyecto de Ley muy esperado por el sector, que rige toda su actividad y que llega en un momento crucial para el desarrollo de un modelo económico circular”. Durante su intervención, Manuel subrayó algunas cuestiones, tales como:
Aunque durante la fase de participación pública se corrigieron algunos de los aspectos más lesivos del texto, cuestiones como las competencias de gestión de los residuos de las actividades económicas, la unidad del mercado de las materias primas secundarias, la unificación de las tasas de vertido entre las CCAA, entre otros asuntos; continúan preocupando al sector.
De este modo, Domínguez ha puesto el foco en la necesidad de solucionar el problema del excedente de materiales recuperados con medidas que no supongan una desventaja competitiva para las empresas españolas en el mercado global. Para ello, destacó la importancia de no incluir la obligatoriedad de comunicar previamente los traslados, para que “no limitemos a nuestras empresas frente a las de los países de nuestro entorno y no les pongamos trabas a la hora de comercializar nuestros residuos”.
Por otro lado, también incidió en “la importancia de que las tasas de vertido sean homogéneas y equivalentes en todo el país para que se eviten los movimientos innecesarios de vertidos”. Según indicó, la armonización de las tasas evitaría las diferencias entre Comunidades Autónomas y que, estar en una u otra, no suponga “un lastre o una ventaja” para las empresas.
Por último, destacó la importancia de contar con un mercado único en todo el territorio nacional y en el impacto positivo que esto generaría en el tejido empresarial, sobre todo, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, para las que resulta muy complicado hacer frente a tantos cambios normativos y diferentes trámites burocráticos. Según señaló, “mecanismos como el fin de la condición de residuo o la declaración de subproducto se deberían desarrollar a nivel estatal o europeo”.
Esta intervención se enmarcó dentro de una serie de comparecencias iniciadas por la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a propuesta de los distintos Grupos Parlamentarios, que tienen como objetivo conocer los puntos de vista y opiniones de los sectores afectados para la tramitación del Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados.