El Pleno del Parlamento de Andalucía dio luz verde el pasado miércoles a la tramitación del proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA), con la que se pretende apostar por la sostenibilidad medioambiental como una gran oportunidad para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo mediante la optimización de los recursos.
Según señaló el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, durante su comparecencia en sede parlamentaria, “se trata de una ley municipalista que recoge medidas para la implementación de las estrategias locales en materia de residuos. Además, es una herramienta fundamental que emana de los principios de la Revolución Verde para compatibilizar el desarrollo económico con la protección de nuestros entornos naturales”.
Así, explicó que es “una ley pionera con la que Andalucía marcará el paso hacia una economía verde, ofreciendo instrumentos de planificación a los ayuntamientos para que estos elaboren, aprueben, implanten y ejecuten en materia de residuos”.
Durante el proceso de tramitación se recibieron un total de 777 aportaciones, de las que se han incorporado al texto casi el 40 por ciento. Asimismo, para su desarrollo se ha tomado como referencia las directrices marcadas por la Comisión Europea.
El texto incluye varios capítulos específicos importantes. Por un lado, uno que se dedica a la gestión de la basura marina, una parte muy importante en el marco de la economía azul, puesto que los puertos y los pescadores gestionan una gran cantidad de residuos y es necesario ofrecer un marco normativo que favorezca esta recogida de basura marina y el posterior tratamiento de los residuos.
Por otro lado, un capítulo específico sobre los biorresiduos ya que, en el marco del contexto geopolítico actual de dependencia energética, se podría avanzar en autosuficiencia energética para obtener biocombustible como alternativa a los combustibles fósiles mediante el uso de biorresiduos.
RECLAMO AL EMPRENDIMIENTO
El consejero de Sostenibilidad sostuvo que “la Ley de Economía Circular supone un valor añadido como reclamo al emprendimiento porque favorece la creación de nuevas empresas que dan servicio a nuevos procesos de tratamiento de residuos”.
Según explicó, “se trata de un circuito que favorece nuevos nichos de mercado, generando empleo verde y riqueza, en definitiva, un modelo de economía circular con el que se consumirán menos materias primas en los procesos, ya que pueden emplearse materiales provenientes de flujos de salida de otros”.
El objetivo del Gobierno andaluz es que este modelo de economía dote de un marco legal a empresas e instituciones para logar una Andalucía más sostenible; alargar la vida útil de los productos para producir menos residuos, así como optimizar los procesos productivos de las empresas, permitiendo que se reutilicen las materias primas.
PROYECTOS DE INTERÉS ESTRATÉGICO
Fernández-Pacheco resaltó que la LECA fomenta la implantación de industrias sostenibles y la contratación pública ecológica, lo que repercute en la creación de empleo verde.
De otro lado, indicó que en el Título III del texto se incorpora una medida para favorecer la implantación de proyectos empresariales de economía circular que podrán ser declarados de interés estratégico. Además, estos proyectos, que se gestionarán a través de la Oficina Andaluza de Economía Circular, contarán con una tramitación prioritaria y se beneficiarán de una reducción de los requisitos exigidos.
Este proyecto de ley recoge también un Registro Público Andaluz voluntario que se pondrá a disposición de cualquiera quien quiera consultar el ciclo de vida de cada proceso de economía circular e incorpora el Centro de Innovación Digital como un espacio para que instituciones públicas y empresas den impulso a la investigación, innovación y a las prácticas de economía circular en el sector privado.
CASI 43 MILLONES PARA ACCIONES SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR
El titular del ramo desglosó el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2023 en el marco de la economía circular y la gestión de residuos, al que se destinan casi 43 millones de euros a través de distintas acciones.
En concreto, casi 24 millones están consignados para la implantación del contenedor marrón para materia orgánica y la mejora de instalaciones de tratamientos de residuos, a través de subvenciones para las entidades locales. Y otros 18 millones, para nuevas infraestructuras como la construcción de puntos limpios y sellados de vertederos. Residuos Profesional. 11.11.2022