Aún se debe definir cómo se combinará con los cánones y tasas autonómicas sobre la materia, pero debería servir para evitar las sanciones de Bruselas por incumplir la legislación europea. La futura Ley de residuos exige invertir 2.500 millones en las basuras municipales.
Cuando el Consejo de Ministros aprobó en octubre la propuesta de Presupuestos Generales del Estado, entre las medidas fiscales incluyó un nuevo impuesto sobre residuos, con una recaudación de 861 millones en 2021, que pasó prácticamente inadvertido en el conjunto de cuadro económico y la relevancia de la subida del tipo impositivo al diésel, finalmente retirada.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preguntada por la prensa por el nuevo tributo, se limitó a explicar que formaba parte de la fiscalidad ambiental, que ésta se comparte con las comunidades autónomas, y que «la iremos trabajando a lo largo del próximo año».
Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) explica a elEconomista que el nuevo impuesto se incluirá en la futura Ley de residuos y suelos contaminados, ya en tramitación -ha recibido el preceptivo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia-, cuando se remita al Congreso de los Diputados, presumiblemente en las próximas semanas.
El Miteco también apunta que trabaja con Hacienda para diseñar el tributo y compaginarlo con la fiscalidad ambiental de las comunidades autónomas, que son competentes en la materia. La Cartera de Montero sólo emplaza a esperar a que concluyan los trabajos para saber cómo se concreta. El Economista. 23.11.2020